La Justicia dictaminó que el Gobierno nacional entregue el cronograma de distribución de productos almacenados en Villa Martelli y Tafí Viejo. La orden fue emitida por el juez federal Sebastián Casanello a principios de junio y ya venció. El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, había apelado el fallo inicial, pero la Sala II de la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, confirmó de manera unánime la medida cautelar, estableciendo un plazo para cumplir con la exigencia judicial. Fuentes del Ministerio de Capital Humano informaron que el cronograma de distribución será entregado en la sede judicial, pese a las declaraciones previas de la abogada del Ministerio, Leila Giani, quien había manifestado que no permitirían que “ningún juez militante” dictara al Gobierno de Javier Milei cómo manejar la política pública. No obstante, el Ejecutivo debió acatar la orden para evitar incurrir en el delito de desobediencia. A principios de junio, la abogada Giani informó sobre la entrega de algunos alimentos almacenados en los depósitos del Ministerio, afirmando que ya se había cumplido con la cooperación requerida. Sin embargo, el juez Casanello consideró insuficientes los documentos presentados, destacando que algunas de las acciones enunciadas en el cuadro de distribución ya deberían haber sido ejecutadas, reiterando el pedido a mediados de mes. La causa contra la ministro Sandra Pettovello fue iniciada por el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, quien la acusó de malversación, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negligencia, fundamentando la denuncia en la retención injustificada de casi 6 millones de kilos de alimentos en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo. Además, Grabois aseguró que la ministro evitó presentar el plan de reparto ordenado por la justicia federal, optando en su lugar por distribuir leche próxima a vencer a la fundación CONIN, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por un valor de $1.200 millones. Esta acción ha generado fuertes críticas y Grabois ha amenazado con ampliar la denuncia en las próximas horas. Según Grabois, la distribución de leche en polvo y harina próxima a vencer fue realizada de manera inapropiada, y acusó al Gobierno de hacerlo solo para evadir la orden judicial de presentar el plan de reparto de alimentos.
Compartir
