La situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo motivo de preocupación, con informes persistentes de violaciones graves. Según organizaciones como Provea y el Centro Gumilla, se documentaron numerosos asesinatos en operaciones de seguridad, afectando desproporcionadamente a jóvenes varones de zonas desfavorecidas. El informe del Departamento de Estado de EE. UU. indica que, hasta agosto de 2023, el Monitor de Uso de Fuerza Letal registró 432 fallecimientos relacionados con las fuerzas de seguridad, siendo la Policía Nacional Bolivariana la más implicada. Además, se reportó la violencia y el caos causados por grupos armados y bandas criminales, incluyendo la explotación de comunidades indígenas y el reclutamiento forzoso de niños, prácticas que han sido respaldadas por el estado venezolano entre abril de 2022 y marzo de 2023. El Foro Penal y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunciaron innumerables casos de tortura no reportados por miedo a represalias. Las víctimas fueron sometidas a métodos de tortura como asfixia, electrocución y fracturas óseas, reflejando la impunidad de las fuerzas leales a Maduro. El informe presentado por el secretario Antony Blinken destaca la falta de estadísticas sobre denuncias de tortura por parte de la Defensoría del Pueblo y acusa a las autoridades venezolanas de realizar investigaciones selectivas y subjetivas.
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