En el anuncio efectuado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, se reveló la decisión del Gobierno de suprimir fondos fiduciarios que ascienden a aproximadamente 2 mil millones de dólares, argumentando que son considerados como “cajas de la política”. Adorni explicó que esta medida busca eliminar fondos que carecen de transparencia y que han sido identificados como parte de “prácticas opacas dentro de la política”. Estos fondos, que existen desde hace unas tres décadas, representan cerca del medio punto del Producto Bruto Interno (PBI). Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni enfatizó la necesidad de que la transparencia prevalezca sobre todas las cosas en la política. Además, instó a que “se dé cabida a lo establecido en la Ley Ómnibus, la cual busca poner fin a estas prácticas opacas”. La eliminación de los fondos fiduciarios ya había sido mencionada en repetidas ocasiones por el presidente Javier Milei y estaba contemplada en la Ley Ómnibus, aunque esta última fue retirada del Congreso por el oficialismo durante su discusión en la Cámara de Diputados. El debate en torno a esta ley encontró resistencia por parte de gobernadores y otros sectores, especialmente por el inciso “h” del artículo 4, que otorgaba al presidente la facultad de “intervenir en los fondos fiduciarios públicos con el objetivo de garantizar una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control en el uso de los recursos públicos”. En la actualidad, existen 29 fondos fiduciarios que gestionan un presupuesto estimado entre 8 mil y 10 mil millones de dólares. Si bien el Gobierno podría eliminar algunos de estos fondos, también podría fortalecer otros, como lo establece el artículo 338 del proyecto de ley. El megaproyecto de Ley Ómnibus presentado por Javier Milei incluía disposiciones específicas para abordar la problemática de los fondos fiduciarios, señalados como una de las “cajas negras” de la política que el Gobierno busca controlar. A pesar de su fracaso en Diputados, el presidente expresó su intención de retomar la lucha contra los fideicomisos mediante decretos.
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