A pesar de residir actualmente en España, Alberto Fernández inició los trámites para solicitar su jubilación honorífica como expresidente de la Nación. Se espera que el exmandatario regrese pronto a Argentina para completar el proceso en Anses. Según estimaciones de la legisladora porteña Graciela Ocaña, este beneficio podría rondar los 7 millones de pesos mensuales. Aunque había mencionado la posibilidad de radicarse en España para dar clases en algunas universidades, Fernández debe regresar a Argentina para recibir la pensión vitalicia. De acuerdo con la Ley 24.018, los expresidentes, el vicepresidente y los jueces de la Corte Suprema están incluidos en el régimen de asignaciones vitalicias, pero es requisito domiciliarse en el país para recibir este beneficio. Fernández reiteró su intención de no establecer residencia fuera de Argentina a través de sus redes sociales. Sin embargo, hubo objeciones por parte de legisladores de la oposición, quienes presentaron acciones legales para impedir que Fernández cobre la jubilación. Argumentan que no cumple con los requisitos de honorabilidad debido a situaciones como “la fiesta de Olivos” y el “vacunatorio Vip”. Las críticas también se centran en el decreto de emergencia previsional firmado por el propio Fernández. Marcela Campagnoli, diputada de Juntos por el Cambio, y Graciela Ocaña, exdirectora del PAMI, lideraron estas acciones legales y una campaña pública en contra de la jubilación de privilegio para Fernández. Ocaña destacó el impacto negativo de este beneficio en medio de la difícil situación que enfrentan los jubilados en el país. Este debate se produce en el contexto del análisis detallado de la “Ley Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos”, que contempla la eliminación de las asignaciones previstas en la ley 24.018. Sin embargo, esto no afectaría al caso de Alberto Fernández, ya que su solicitud se habría realizado con anterioridad a cualquier cambio legislativo.
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