Tras los interminables reclamos de los dirigentes del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional autorizó a la administración larretista a comprar 60 pistolas Taser que serán destinadas a la Policía de la Ciudad. Lo hizo a través de la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac), Natasa Loizou, días después de que la Justicia federal aceptara un amparo del gobierno porteño por la mora en la resolución del expediente administrativo para poder importar esas armas electrónicas e intimara a Nación a definirse en un plazo de 30 días. La decisión del Gobierno nacional ya había sido anticipada por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien días atrás había explicado que el proceso de adquisición de las pistolas empezó en octubre del año pasado, pero que todavía no las tienen porque la operación está en desarrollo, y que cuando las posean “los grupos de élite empezarán el entrenamiento”. Los reclamos de la administración porteña se habían intensificado durante febrero a partir del asesinato a tiros de la policía Maribel salazar en Retiro. Uno de los primeros en hacerse eco de la noticia, y abrir el debate, fue el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo DÁlessandro, quien aseguró que el enfrentamiento “podría haber sido controlado” con el uso de estos dispositivos. “El gobierno kirchnerista las bloqueó con el festival de excusas truchas que usan para defender delincuentes”, sostuvo el funcionario. Las armas de electrochoques son utilizadas para que tanto una persona como un animal quede incapacitada temporalmente tras recibir una descarga eléctrica que descontrolan los músculos del cuerpo y pueden llegar a causar un fuerte dolor. Estas armas no letales se utilizan en procedimientos policiales en gran parte del mundo, pero en Argentina están prohibidas. En total, son más de 107 países que la implementan, entre los que se encuentran Estados Unidos, Australia, España, Italia, Brasil, Colombia y Francia.
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