En la carta que presentará Alberto Fernández ante la Cámara baja solicitando el inicio del juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el mandatario junto a los 11 gobernadores firmantes, acusan al Máximo Tribunal de poner “en riesgo el equilibrio republicano”, y de esta manera terminar “afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional”. La carta dirigida a Carolina Gaillard, presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, dará inicio al proceso institucional de juicio político que alcanza al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y al resto de los miembros, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones”, refiere el escrito. “Un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel, quebrantando así los pilares básicos en los que se asienta un sistema republicano de gobierno, en especial el principio de división de poderes (…) pone en riesgo el equilibrio republicano de nuestro Estado de Derecho, afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional”, dice la misiva. El presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, es el principal apuntado en el pedido de juicio político. De hecho, originalmente se había acordado de que fuera el único, pero finalmente se agregó el resto de los miembros de la Corte, por realizar “hechos escandalosos, irregulares e ilegales”, dice la nota. La carta suma al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, quien pidió licencia tras conocerse chats que lo involucran. “En representación de Rosatti, indicó a D’Alessandro cómo debía proceder la alianza opositora en el Congreso de la Nación, a los efectos de poder obtener de esa ilegal manera una mayoría propia en el Consejo de la Magistratura”, dice. El pedido de juicio político incluye también a Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti, fundamentalmente por la acordada por el Consejo de la Magistratura. “En el dictado de ese fallo los magistrados mencionados decidieron arbitrariamente declarar vigente una ley que el Congreso de la Nación había expresamente derogado, afectando de esa forma el sistema normativo y jurídico de este país y avanzando indebidamente con facultades legislativas que les están expresamente vedadas por mandato constitucional”, dice el escrito. La pelea por los fondos coparticipables fue lo que terminó impulsando el pedido de juicio político y el acompañamiento de los gobernadores. Según la misiva, al dictar una medida cautelar a favor del Gobierno de la Ciudad implica que la Corte se arrogó “facultades legislativas que no le corresponden”, ya que “ordena que el Estado Nacional se abstenga de aplicar una norma plenamente vigente”. Apunta también que deberá entonces modificar las partidas presupuestarias del Presupuesto 2023, que ya fue votado por el Congreso. Según acusa, la Corte “está instruyendo, tanto al Poder Ejecutivo Nacional como al Poder Legislativo Nacional, cómo distribuir los recursos, cuando esta tarea le compete, de forma exclusiva, a estos dos últimos”.
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