Cristina Fernández fue aceptada como querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal. La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y delegada en el fiscal Gerardo Pollicita. El expediente cuenta con información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros de la organización que incluyeron amenazas de muerte contra la vicepresidente, su hijo Máximo Kirchner y a Alberto Fernández, como también incitaciones a cometer delitos. La presentación para que la vicepresidente sea aceptada como querellante, fue realizada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, los mismos que representan a la ex mandataria en la causa en la que se investiga el intento de ataque ejecutado por el acusado Fernando Sabag Montiel el 1° de septiembre pasado. En rigor, los letrados quieren tomar contacto con el expediente para poder conocer las pruebas, y no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. En su momento, el juez Martínez de Giorgi resolvió que la causa que estaba en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti, pero la juez lo rechazó porque consideraba que, de momento, no habían elementos concretos que permitieran establecer una conexión entre los dos expedientes. A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran tramitando por separado. En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título “¿Hay que pudrirla?”. La conversación aportada al expediente cuenta con la participación de dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años. En uno de los audios agregados a la investigación, se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la vicepresidente para hacerla “pasar a la historia”, en referencia a la intención de cometer un atentado contra la funcionaria, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde. “Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no, sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje…”, decía allí uno de los miembros de Revolución Federal.
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