Las empresas del sector alimenticio entraron en pánico luego de las declaraciones de Cristina Fernández, en las que pidió mayor regulación de precios, responsabilizando al sector por el impacto de la inflación en los nuevos índices de pobreza e indigencia que publicó el INDEC. “Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”, escribió la vicepresidente en una catarata de tuits que se produjeron luego de que el INDEC publicara que la pobreza fue del 36,5% en el primer semestre del 2022, y la indigencia del 8,8%. Para la funcionaria, estos números “evidencian el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos”. La opinión no quedó ahí, sino que pidió “una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”. Esta última apreciación es la que más incertidumbre generó en el sector de alimentos. Por su parte los empresarios no saben “si es una declaración fortuita o es parte de un plan para congelar precios”. Lo cierto es que las declaraciones de Fernández apuntan a los precios de alimentos, que aumentaron 2,8% en la tercera semana de septiembre y se acercan al 8% en lo que va del mes. Se trata de una aceleración fuerte y la mayor variación semanal desde fines de marzo. El rubro de alimentos acumula un alza promedio de 7,7% en las últimas cuatro semanas y la escalada llega a 8,6% punta a punta en el período. Los datos surgen del relevamiento semanal de la consultora LCG, que mide 8000 alimentos en cinco cadenas comerciales. Este tema entra en debate en medio de las negociaciones de las empresas alimenticias con la Secretaría de Comercio por la renovación del Programa de Precios Cuidados, que debería actualizarse el próximo 7 de octubre y mantener su vigencia hasta fin de año. Desde el sector adelantaron que la nueva lista de productos sería más restringida, pero con los productos más representativos de cada categoría y primeras marcas.
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