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Cristina Fernández, luego de afirmar que los fiscales “mintieron descaradamente” en su acusación por la causa Vialidad, se alista para preparar una nueva embestida contra Diego Luciani y Sergio Mola. La vicepresidente adelantó que denunciará  a los fiscales por “prevaricato”. Durante una hora y media, Fernández habló ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que la juzga por el presunto direccionamiento en la obra pública en favor del empresario K Lázaro Báez y relacionó los efectos del juicio con el intento de ataque que sufrió a principios de mes en las inmediaciones de su departamento en Recoleta. La causa tendrá más capítulos en las siguientes semanas con las rondas de alegatos del resto de los acusados. Fuentes judiciales no pueden precisar con exactitud cuánto demorará ese proceso, aunque se estima que podría continuar al menos hasta fines de noviembre. Cada acusado tiene tres audiencias para dar su “última palabra”. Pueden hacerlo ellos mismos, como hizo Cristina Fernández, o sus abogados. Con toda la prueba, las exposiciones, la acusación y la defensa, luego intervendrán los jueces a cargo del TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Garín, quienes deberán expedirse en un fallo condenatorio o absolutorio. Esto podría ocurrir en diciembre próximo o recién a partir de febrero o marzo de 2023, tras la feria judicial de verano. Se estima que habrá que esperar hasta el año que viene para conocer los fundamentos de esos tres votos. Una vez determinada esa sentencia, los tiempos judiciales quedarán atados a las posibles apelaciones y recursos de queja, que deberán ser analizados por la Cámara de Casación Penal. Ese proceso podría extenderse durante casi todo el año 2023, si es que la Justicia recorre los caminos habituales. Durante ese tiempo puede abrirse un abanico de opciones que podría incluir recusación de jueces, pruebas, procedimientos y otras presentaciones, lo que podría alargar los plazos hasta 2024. Tras el fallo de Casación, los acusados tendrán la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, última instancia judicial del país y sometida a presión durante estas semanas por el Frente de Todos, que busca ampliar la cantidad de integrantes del máximo tribunal de los actuales cinco a 15. El Frente de Todos, con ayuda de aliados, aprobó en el Senado el proyecto de reforma. Sin embargo, entre el oficialismo y en la oposición creció curiosamente en las últimas semanas un consenso: es casi imposible que la iniciativa avance en la Cámara de Diputados. Si el caso de Vialidad finalmente llega a la Corte, en los pasillos de Comodoro Py estiman que la sentencia definitiva podría llegar a fines del 2024 o principios de 2025.

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