Pese a las sospechas y las críticas sobre la reforma judicial, la Ciudad comenzó a trabajar en silencio para el traspaso de la Justicia penal. Reformas edilicias, nombramientos, presupuesto y hasta un organigrama “ordenado” de los próximos tres años están en la agenda de los funcionarios porteños. Por ahora, son charlas informales, a la espera de un encuentro con la ministra de Justicia Marcela Losardo. Alberto Fernández y Horacio Rodriguez Larreta todavía no hablaron sobre el traspaso de las competencias. Ni siquiera cruzaron mensajes al respecto. “La pandemia se lleva todo en estos días”, admitió un alto funcionario. Esa misma fuente reconoció que la futura negociación por los recursos reflotará el conflicto latente por la coparticipación. La atención de los funcionarios porteños está puesta en el capítulo III del proyecto, que habla del traspaso de todas las competencias penales en un plazo de tres años. Eso implica la transferencia de los magistrados, funcionarios, y empleados del fuero nacional en lo Criminal y Correccional, que investiga los delitos comunes. En un principio, solo pasarán aquellos que hayan manifestado su consentimiento. Y luego habrá un plazo para que otros jueces se sumen. “Resulta saludable que el proyecto reconozca, al menos implícitamente, la imposibilidad de transferir por la fuerza a magistrados que han sido designados con arreglo a los mecanismos previstos en el art. 99 inc. 4 de la C.N”, sostuvo la junta nacional de presidentes de tribunales orales.
No sólo los jueces y magistrados penales se verán afectados, sino también las causas en trámite. “El proyecto deja sin resolver cuál va a ser el rol y destino de los magistrados que voluntariamente no quieran ser traspasados una vez que concluyan el trámite de las causas, lo mismo que el destino de las causas actualmente en trámite ante los juzgados cuyos titulares sean eventualmente designados como subrogantes o de aquellos organismos vacantes respecto de los cuales se está prohibiendo designar titular”, opinó un ex funcionario del Ministerio de Justicia. De los 45 jueces penales en funciones, 23 están en condiciones de pasar a la Ciudad porque manifestaron su voluntad. “La cantidad todavía no está clara y además el proyecto establece un plazo de cuatro meses para que se sumen otros jueces”, advirtió un funcionario porteño que habla todos los días con Horacio Rodríguez Larreta. El gran interrogante del traspaso de las competencias penales son los recursos. El artículo 33 del proyecto enviado al Senado es claro: “La transferencia de competencias objeto del presente Título será acompañada de los correspondientes recursos (artículo 75, inciso 2, de la CN). A tal efecto, autorízase al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las partidas presupuestarias que correspondan”. Pero la letra fría de los proyectos no siempre se traslada a la realidad. “Ya nos cagaron varias veces con los primeros tres convenios, eran con recursos y nunca llegaron”, advierte un ex funcionario que atravesó ese proceso en la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno.
